jueves, 21 de mayo de 2009

Iniciativa Internacionalista y la democracia cuestionada

Leo en Gara un artículo firmado por Luis Ocampo, representante general de Iniciativa Internacionalista. En él se queja de la falta de democracia del Estado español, y resume esta falta en siete puntos. Voy a comentarlos.

1. Legitimidad de origen. Al parecer, el Estado español no es democrático por la continuidad que representa la Corona con el régimen anterior. Pero como ya explicó Hume en su momento, la legitimidad no viene dada por el origen, sino por el ejercicio del poder. En caso contrario, sólo sería legítimo un régimen surgido en su totalidad (instituciones, normas, procedimientos, valores, estructuras sociales...) de condiciones consensuales puras, al margen de las vicisitudes de la historia y de la memoria cultural, lingüística, moral de un pueblo. Tarea harto compleja, según me parece.

2. Separación de poderes. Según explica D. Luis Ocampo, tal separación no existe en España, lo cual le irrita. Yo ante todo querría celebrar esta asunción de un principio tan profundamente liberal y burgués por parte de la extrema izquierda, ya que, tradicionalmente, sus compañeros de lucha anticapitalista no lo tenían tan claro. Con todo, convendría matizar: la separación de poderes es un mero instrumento, y no puede entenderse nunca como un valor democrático en sí mismo. Precisamente el planteamiento verdaderamente revolucionario de un régimen democrático es la concepción unitaria del sujeto del poder: no los reyes, las dinastías, los señores feudales, las Iglesias... sino el Pueblo, como único sujeto soberano. De hecho, la denominación correcta es "separación de funciones", pues el "poder" democrático en sentido estricto es uno. El sujeto de este poder diversifica los modos de aplicación del mismo para el mejor funcionamiento de la sociedad, para evitar que las "funciones" asuman un carácter absoluto que, en rigor, sólo corresponde al pueblo. Pero el poder, que es uno, sirve para lo que sirve: mantener la paz y crear las condiciones sociales de una vida buena.

3. Libertades fundamentales. De nuevo, se niega que en el "Estado español" se respete la libertad de voto, y de nuevo, otra falacia. Al acusar al Estado de negar el ejercicio del derecho al voto a determinadas formaciones políticas, se omite que las libertades sólo pueden ser reconocidas en la medida en que no interfieran en el ejercicio de otros derechos (o de otras libertades). Pero la siempre triste limitación de ese ejercicio estará justificada mientras la presencia institucional de determinadas formaciones políticas permita una estructura estable de apoyo y financiación de una banda terrorista cuya violación de derechos y libertades ha alcanzado un nivel verdaderamente insostenible. Al fin y al cabo, la democracia española se ha dado casi treinta años de margen antes de tomar una medida tan drástica.

4. Ausencia de presos políticos. Pasa aquí como con el punto anterior: la posibilidad de expresar determinadas ideas sólo tiene cabida en el orden constitucional en la medida en que la expresión de las mismas no suponga un peligro para la justicia social ni una humillación para las víctimas. Por lo demás, cuando la extrema izquierda se queja de la encarcelación de sus compañeros de trinchera, ¿dedica el mismo esfuerzo a aquellas situaciones en que las ideas perseguidas no le son tan afines? ¿se queja igualmente del atropello a las libertades que supone el que, por ejemplo, los alemanes o austriacos no puedan negar públicamente el Holocausto, llevar una esvástica en la camiseta o presentarse a las elecciones con consignas nacionalsocialistas?

5. Seguridad jurídica. Les parece mal a los de I.I. que las leyes se cambien en virtud de las circunstancias. Ciertamente es de lamentar: ya defendí en cierta ocasión la sentencia de Aristóteles según la cual "es mejor para la polis tener leyes malas y no cambiarlas, que tenerlas buenas y estar cambiándolas continuamente". Por desgracia, la excepcionalidad de la violencia política en nuestro país hace necesaria una planificación inteligente -"maquiavélica", si se quiere- de medios legítimos encaminados a obstruir la acción de dicha violencia contra la sociedad.

6. Igualdad de los ciudadanos y ciudadanas ante la ley. Aquí los chicos de I.I. se quejan de la irresponsabilidad penal del Jefe del Estado. Creo que este problema será mejor tratarlo cuando veamos a la infanta Leonor tirar cócteles molotov. Mientras tanto, son ganas de ejercer un antimonarquismo realmente ridículo.

7. Carácter no represivo de las fuerzas de orden público. Vamos a ver: las fuerzas de orden público son esencialmente represivas, en todo Estado, democrático o no. Precisamente existen para neutralizar los problemas que la sociedad no ha conseguido resolver por otros medios. No hace falta un doctorado en Ciencias Políticas para saber que la violencia estatal es la forma en que un pueblo monopoliza la totalidad de sus propias fuerzas con el único fin de preservarse a sí mismo. Esto ya lo decían Spinoza, Hobbes, pero claro... ¿quién necesita filósofos teniendo consignas?

Por último no quiero dejar de añadir un fragmento de la respuesta dada por el señor Ocampo en una rueda de prensa, al ser preguntado por el asunto de la violencia: "Cada pueblo evidentemente decide sus formas de acción, que nos pueden parecer mal, regular o absolutamente mal, pero evidentemente cada pueblo decide a través de la historia sus formas de lucha, y ese pueblo será el encargado de decidir si son o no son legítimas. Esa es la cuestión. Será el pueblo vasco, a través de sus mayorías sociales, o minorías, los que deciden... Esa no es nuestra competencia". Esto sí que es un asalto al progreso, a la democracia, y a la civilización.

4 comentarios:

Ruben M. M. dijo...

Alejandro!! Me alegro de leerte, ya te echaba de menos... se necesitan espíritus como el tuyo para reflexionar sobre "lo que" (nos) sucede, y sin duda que el tema que tratas en esta última entrada es digno del ejercicio de la razón. Me sorprendió tu entrada en el ámbito de lo político. Muy buena tu entrada. Un abrazo!

Fernando dijo...

Querido A.:

Qué post más largo y más elaborado: más que un post, parece una tesis doctoral sobre ese partido; no sé si merece tanta atención y tanto trabajo.

...

Es curioso: a mí, que soy más bien conservador, me ha parecido bien la sentencia del TC que permite jugar a esta gente en las Europeas.

Digamos que ha habido cierto abuso procesal de la figura del concejal batasuno, que hace años se presentó con una lista que entonces era legal, que ejerció una función que entonces era legal y que, años después de dejar de serlo, le comunican que por aquella actividad legal le ha sobrevenido una contaminación radiactiva, que mancha todas las listas nuevas que toque.

Creo que la Sentencia del TC, por unanimidad, vuelve a poner las cosas en su sitio.

Alejandro Martín Navarro dijo...

Rubén: gracias. Últimamente no tengo tiempo ni energías para filosofar, así que me dedico a opinar...

Fernando: creo que son los tribunales los que se deben encargar de dirimir si el partido tal o cual tiene algún tipo de vínculo con la violencia, y en virtud de eso, decidir sobre su legalidad. Yo ahí no me meto, porque desconozco los datos. Lo que defiendo en todo caso es el derecho de un Estado a ilegalizar grupos políticos que favorecen de un modo u otro acciones violentas.

Fernando dijo...

Pues ¡¡totalmente de acuerdo en eso, Alejando!! Un Estado, por muy liberal y democrático que sea, no puede tolerar acciones de los que intentan destruirlo desde dentro, de igual forma que por muy pacifista que sea no puede tolerar las amenazas de los que le amenazan desde fuera.

Saludos.