Juan Espadas y la Virgen de los Reyes (un apunte sobre Estado y religión)

Ayer se celebró la fiesta de la Asunción de María, que en Sevilla se venera en la advocación de la Virgen de los Reyes, patrona de la ciudad. Como no podía ser de otra manera, ese día la imagen sale en procesión. El nuevo alcalde, el socialista Juan Espadas -que gobierna gracias a IU y la marca de Podemos en Sevilla- decidió limitar la presencia voluntaria de representantes del Ayuntamiento a dos concejales por cada partido. La jugada, políticamente hablando, no es mala, aunque se le ve el plumero: contenta a sus apoyos con un mal gesto hacia el establishment religioso de la ciudad, pero sin ser tan radical como para enfadar a los suyos y al pueblo sevillano, poco receptivo con los políticos que meten las manos en el folclore religioso de la ciudad, como pudo comprobar Teresa Rodríguez [me corrigen: fue Begoña Gutiérrez] cuando se le ocurrió mencionar el tema de la Semana Santa. Y por si fuera poco, como sus apoyos no van a estas cosas, Espadas se hubiera visto en un acto multitudinario abandonado por los suyos y rodeado de concejales de la oposición. Bien por ti, Juan. La jugada fue buena y, de todas formas, la Virgen salió con normalidad y la gente la disfrutó sin estar muy pendiente de cuántos concejales la acompañaban. Lo interesante del hecho es la discusión que ha provocado en torno a la presencia de los políticos en los actos religiosos y el consiguiente debate sobre laicismo y aconfesionalidad en España que se repite periódicamente al hilo de este tipo de noticias. Y es este asunto el que querría comentar.

Lo primero que hay que tener en cuenta, en el debate sobre aconfesionalidad, es el origen histórico del problema. La reflexión sobre la separación Iglesia-Estado es muy antigua: es célebre el texto del franciscano Guillermo de Ockham Sobre el gobierno tiránico del Papa. Allí, Ockham explica que el derecho y el poder político de los gobernantes existieron antes de la institución de la Iglesia y que, por tanto, su legitimidad emana de una fuente distinta a la propia Iglesia. La cuestión se vuelve verdaderamente candente entre los siglos XVII y XVIII, precisamente en el contexto de las guerras de religión europeas. Desde comienzos de la modernidad y con la aparición de las reformas protestantes, la religión se había convertido en un instrumento de identidad nacional, de tal manera que una confesión religiosa "equivocada" podía fácilmente equipararse a un acto de traición y llevarte a perder la cabeza. Todo el mundo conoce el caso de Tomás Moro o el de John Fisher, condenados por no reconocer el Acta de Supremacía que hacía de Enrique VIII cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Para evitar este tipo de guerras y la falta de libertad religiosa en las naciones europeas, Locke realiza una reflexión -inspiradora de la Constitución americana, por cierto- que incluye argumentos para separar la Iglesia (en cuanto comunidad libre de hombres que practican un culto común) del Estado (comunidad igualmente libre dedicada al cuidado de los asuntos mundanos). Hay un texto muy famoso que resume bien esto. Dice así: "No es la diversidad de opiniones (lo que no puede evitarse), sino la negativa a tolerar a aquellos que son de opinión diferente (que podría ser permitida) lo que ha producido todos los conflictos y guerras que ha habido en el Cristianismo a causa de la religión. La cabeza y los jefes de la Iglesia (...) han levantado, en contra de lo que dice el Evangelio y la caridad, a las autoridades y a las masas en contra de los que tienen ideas diferentes en religión, predicando que los cismáticos y los herejes debe ser expoliados de sus posesiones y destruidos. Y así han mezclado y confundido dos cosas que son en sí mismas completamente diferentes, la Iglesia y el Estado".

Por tanto, históricamente hablando, el principio ideológico de la aconfesionalidad tiene que ver con la exigencia de respecto a la libertad de conciencia. Nada más y nada menos. Por eso la obra donde Locke trata este tema se llama Tratado sobre la tolerancia. En España, este principio está perfectamente recogido en la Constitución y de un modo que, desde mi punto de vista, es más perfecto que el de las constituciones de algunos estados europeos. Los laicistas siempre ponen de ejemplo el caso francés. Craso error, pues allí mismo hay ya una reflexión sobre el carácter liberticida de un laicismo que impone la invisibilización de la vida religiosa en el espacio público. Gracias al modo como la Constitución Española tematiza el carácter aconfesional del Estado, no tenemos los problemas que tiene Francia respecto, por ejemplo, al uso de símbolos religiosos en las escuelas. El artículo 16 dice que “se garantiza la libertad religiosa y de culto. [...] Ninguna confesión tendrá carácter estatal" y en 16.3 se explica que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones". En el curso de la tramitación de la Ley Fundamental, allá por el año 1978, fue el propio Santiago Carrillo -no sospechoso de clericalismo- quien explicó: "No hay ninguna confesionalidad solapada. Lo que hay, me parece, de una manera muy sencilla, es el reconocimiento de que en este país la Iglesia católica, por su peso tradicional, no tiene en cuanto fuerza social ningún parangón con otras confesiones igualmente respetables, y nosotros, precisamente para no resucitar la cuestión religiosa, precisamente para mantener ese tema en sus justos límites, hemos aceptado que se cite a la Iglesia católica y a otras confesiones en un plano de igualdad". Más claro, imposible.

En todo este debate hay varias confusiones. La más básica, me parece, es que hay un aspecto interior de la religión y un aspecto exterior que deben ser diferenciados, aun cuando ambos estén relacionados de una manera compleja. El aspecto interior no concierne al Estado: tiene que ver con las creencias y los dogmas de cada credo. Pero la dimensión social de la religión no puede dejarse de lado, precisamente por ser parte de la realidad humana que constituye la sociedad en que vivimos. En este plano, la religión debe estar al mismo nivel, al menos, que los teatros, los acontecimientos deportivos, las asociaciones vecinales, la Feria, el carril bici y la fiesta de la primavera. Es una confusión también pensar que lo público es lo de todos: no todo el mundo va al teatro ni usa el carril bici ni va a las piscinas municipales. Público es lo que hace la gente, lo que la gente quiere y practica. Y la religión debería ser para un político eso: una cosa que la gente (alguna gente, mucha gente) hace. Como tal, por supuesto que deben estar presentes los representantes de la ciudadanía en las manifestaciones religiosas de la ciudad. Lo que no puede ocurrir, en virtud del principio de aconfesionalidad, es que el rey se proclame cabeza de la Iglesia nacional ni que se prohíban libros por ser contrarios a una confesión consagrada por el Estado. Pero no es el caso. Hablamos de representantes públicos en prácticas públicas. Ocurre que hay quienes hacen de la política un medio para buscar problemas donde no los hay, mirar cada detalle de la realidad humana con el ojo de una moral irascible e inquisitorial: son estos quienes hacen verdad una frase que escuché en cierta ocasión a un amigo: "lamentablemente, ser de izquierdas se está convirtiendo, para algunos, en estar todo el día enfadado por cualquier cosa".

Crisis y pesimismo

Lo que dice Paul Krugman aquí acerca de la situación económica de España es, nos tememos muchos, básicamente cierto. Y sólo podremos evitar su pesimista conclusión acerca de la moneda única si la Unión Europea es capaz de articular un gobierno común sólido y con capacidad de decisión. Entiendo que muchos opinen que no se puede permitir que Grecia (o España, o quien sea) se gaste millones de euros que tendrán que serle más tarde prestados por países que no intervinieron en su decisión de gastarse toda esa pasta, y que muy probablemente tuvieron que sufrir los inconvenientes del ahorro y la austeridad.

Pero, claro, esa es exactamente la dirección contraria a la que seguimos aquí, donde las administraciones autonómicas multiplican por 19 el gasto público, y donde teníamos mucha prisa por gastarnos el dinero de Bruselas aunque no supiéramos en qué (e hicimos carriles bici). Aquí, donde las farolas de la autopista iluminan el mundo a las 12 de la mañana (tengo fotos), y los funcionarios de la Administración desayunan de 10 a 12. Aquí, donde un Ayuntamiento se puede gastar, sin que nadie diga nada, yo no sé cuántos millones en abrir una calle para meter supercable y, un mes después, volverla a abrir para cambiar el alcantarillado. Aquí, en el país de los mil derechos y las cero obligaciones, de la reivindicación sin esfuerzo, del proyecto sin inteligencia, y del sinopasaná.

Así que acabaremos como Grecia, sí: quizá no con su deuda, pero sí con todo el mundo en la calle, despertados del cálido letargo del Estado Social y sorprendidos de pronto por la constatación empírica de que Hacienda somos todos. Y sin un modelo serio de crecimiento ni de educación, volveremos, como siempre, a parecer ante Europa como esa nación de adolescentes inmaduros con los que sólo se puede contar para bailar la estúpida canción de su perpetuo verano.

¿Qué es un golpe de Estado?

Dado que uno de los fundamentos de la democracia moderna es la división de poderes, cada uno de esos poderes constituye una parte respecto al todo en que se expresa la soberanía popular. Que una sección del poder ejecutivo -en este caso, la Generalitat de Cataluña- niegue legitimidad al Tribunal Constitucional, se asigne a sí mismo funciones judiciales -en tanto intérprete del espíritu de la Constitución-, y amenace con no acatar las decisiones del mismo a no ser que coincidan con los proyectos políticos de dicho gobierno: todo esto es lo más parecido que ha vivido España a un golpe de Estado desde el 23-F (más aún que el Plan Ibarretxe, que no llegó a nada, y que la huelga de los jueces...)

ACTUALIZACIÓN. Feliz coincidencia: acabo de ver que Enrique lo explica más extensamente y mejor que yo aquí.

El Estado... ¡somos nosotros! Qué risa, ¿no?

Pensar totalitariamente (de Vic al gobierno mundial huxleyano)

Siempre he defendido que no es necesario justificar los sentimientos, pues son algo sobrevenido. Todo aquello que nos atrae o nos repugna, desde el sexo a la patria , es producto de una sofisticada interrelación de causas genéticas, históricas y biográficas que, en sí misma, no merece más valoración que el puro azar. Pero los pensamientos sí requieren justificación. Por eso sentirse sólo catalán es algo en sí mismo legítimo (consecuencia, si se quiere, de una historia de malentendidos), pero pretender desplazar los centros de poder según un ideario político concreto es algo que requiere aclaración y fundamentación.

El nacionalismo separatista, originado en una sentimentalidad étnica, justifica su discurso sobre la conjunción de dos conceptos: autodeterminación y territorialidad. Pero es justamente esta justificación racional la que falla: pues o bien demarcamos a priori un territorio para que sus habitantes ejerzan la autodeterminación (y entonces, por ejemplo, los vascofranceses tendrán que verse arrastrados, sin quererlo, a un Estado vasco si lo desean una mayoría de vizcaínos y guipuzcoanos) o bien el territorio lo constituye, a posteriori, el ejercicio de autodeterminación, pero entonces, ¿quiénes se autodeterminan (los guipuzcoanos, los vascos, los españoles...)? Esta paradoja manifiesta el origen totalitario de un planteamiento que parte de la premisa de que el poder es uno y de que el sujeto del poder también es uno: un pueblo que, inevitablemente, tiene que terminar definiéndose por caracteres étnicos, religiosos o idiomáticos. Pues si no, ¿cómo podría ser uno?

Por eso creo que el pensamiento nacionalista es una de las últimas inercias de un modo de pensamiento del pasado. Por el contrario, es evidente la ventaja que tiene, con respecto a esta visión típicamente moderna, el desarrollo de nuestras sociedades que ya no son sólo modernas: nosotros no creemos en la identidad del poder ni en la existencia de un sujeto colectivo. Creemos en individuos que entretejen diversas identidades relativas. Y creemos, sobre todo, en la diversificación del poder, porque hemos visto los peligros de su uniformización. Ahora hay poderes municipales, autonómicos, nacionales, europeos, limitados por tratados internacionales, organizaciones cívicas, sindicatos, lobbies, iglesias, etc. El poder no es uno, sino múltiple. Esto tiene desventajas, desde luego: en cualquier proyecto político colisionan muchas fuerzas. Todo se hace lento. Todo produce conflictos. La vida política agota.

Pero es mejor así: el poder ha sido siempre sagrado, porque es demoníaco. Demasiadas cosas están en su tablero de juego. Cuando ha sido único, su capacidad de acción era grande, pero también su capacidad de destrucción. Ahora, todo debe ser negociado, disputado. Por eso es bueno que España sea multada cuando incumple la legislación mediambiental europea. Por eso es bueno que el gobierno de Vic, incluso contra la voluntad de la mayoría de sus habitantes, tenga enfrente un poder que le obligue a empadronar inmigrantes. Porque a la vista está que el poder, local o mundial, se vuelve totalitario cuando en él se congregan, como en el Leviatán, todas las fuerzas físicas de una sociedad. Se vuelve absoluto y, con ello, divino. Y por eso hoy en día ser demócrata no significa tanto defender el sistema sufragista, como aceptar la tediosa realidad de un poder fragmentado, valorarla como el verdadero espacio en que es posible nuestra libertad.

El nacionalismo moderado

Anasagasti, político nacionalista cuya inteligencia y sentido del humor admiro, tiene una entrada en su blog en la que se queja de las típicas críticas al PNV por poner una vela a Dios y otra al diablo. Bien: es cierto que el nacionalismo no es culpable de lo que hace ETA, pero sí es responsable de su existencia. Durante años, ha diseñado y fomentado un discurso de permanente deslegitimación de la nación española, y luego de la Transición y el orden constitucional. Es responsable de una peculiar idiosincrasia psicológica, exótica en Europa, que idiotiza a algunos con la nostalgia de un Reino sometido hace siglos, y que convierte a otros en sádicas alimañas capaces de las más horrendas crueldades.

ETA es un injerto marxista en el vetusto árbol del nacionalismo, surgido en el contexto de una lucha reaccionaria contra el liberalismo y la modernidad. Es cierto: los del PNV siempre condenan la violencia. Pero podrían hacer mucho más: podrían decir que el gobierno de Patxi López es infinitamente más legítimo que dejarse investir por quienes ni siquiera alzarían la voz si aquél fuese asesinado mañana; podrían agradecer la presencia de las FSE en el País Vasco y presentarlas como garantes de las libertades y derechos cívicos, en lugar de comparar unas simples maniobras militares con la invasión de Perejil; podrían aplaudir cada una de las actuaciones judiciales e iniciativas políticas contra el entramado social de la banda en lugar de presentarlas como anomalías propias de una falsa democracia; podrían proclamar que la autodeterminación y la independencia son deseos legítimos, pero no derechos conculcados por los que deban sentirse heridos y humillados; y, en fin, podrían dejar de ir por ahí reparando el honor de la Madre Patria con liturgias, banderitas e himnos. Pero, entonces, ¿qué les quedaría?

¿Te imaginas, querido lector (¿hay alguien ahí?), a Zapatero o Rajoy celebrando en Fuenterrabía la batalla de San Marcial con banderas rojigualdas y tarareando la Granadera...? Pero lo que es anormal para alguien normal es normal para un anormal. No sé si me explico...

¿Por qué no vivimos en un país laico?

Ayer publicaba el Diario de Sevilla un artículo de D. Antonio J. Durán, repitiendo los agotadores lugares comunes del agotador catecismo anticlerical, cuyos cientos de dogmas proceden de este único silogismo: todo lo que afirma la Iglesia es de naturaleza religiosa, todo aquello que es de naturaleza religiosa es malo; luego... etc. El autor del artículo muestra su indignación por la oposición de la Iglesia a que se usen embriones en la investigación médica. Y dice lo siguiente: "este rasgarse los clérigos las vestiduras y llamar asesinato a una actividad científica ejercida en un ámbito protegido por una estricta y exhaustiva regulación legal, no es sólo una calumnia -o sea, una acusación falsa hecha maliciosamente para hacer daño-, sino una muestra más de la perenne cruzada clerical por conseguir que la ley del Estado se subordine a sus designios morales".

Hoy no querría entrar en el tema de los embriones, aunque la cantidad de retórica y falacias concentradas en el artículo daría mucho juego. Prefiero decir algo sobre la última parte del texto citado, esto es: la cuestión de la separación Iglesia-Estado.

Es verdad que, a lo largo de la historia y hasta fechas recientes, ha existido en la Iglesia un innegable conato de poder terrenal, especialmente bajo el pontificado de Bonifacio VIII, aunque recurrente a lo largo de los siglos. Hay que decir, en todo caso, que el Estado no se encontraba menos ávido de poder espiritual (Aviñón, cisma de occidente...). Al fin y al cabo, quien posee el poder espiritual posee el verdadero poder. Dicho esto, la siguiente pregunta no resulta inoportuna: ¿es la Iglesia la que pretende reconquistar el poder político, o es el poder político el que se resiste a dejar el espíritu fuera de su alcance?

Es obvio que las relaciones entre la civitas Dei y la civitas terrena no acaban de ajustarse del todo. Pero, contra lo que se dice habitualmente (esto es: que la causa de ello se debe a la nostalgia eclesiástica de un predominio social y político perdido), me temo que parte de culpa le corresponde también a ciertos "laicistas" que siguen empeñados en no aceptar que la Iglesia es una realidad social más, que, como tal, representa determinados intereses (discutibles, pero legítimos) y que tiene una vocación de participación en la vida pública. Exactamente igual que COLEGAS, Amigos de la Legión, los actores, el Sindicato de Estudiantes y la CNT. Con la diferencia de que el número de "afiliados" es notablemente superior en el primer caso. Hay quienes consideran que el Estado no debería participar en la financiación de ningún culto, aunque sí todo tipo de intereses y gustos privados (actividades deportivas y lúdicas, cursos de formación, etc.). En el fondo, es paradójico: al negar a la Iglesia su derecho a la participación en la vida pública, se niega su carácter estrictamente social, reconociéndole así a contrario sensu la naturaleza espiritual que pretendía negársele.

Cada vez que la Iglesia (o sea, el clero) expresa una opinión contraria a los dogmas morales y políticos establecidos por el establishment ideológico de este país, empieza a tronar la sempiterna cantinela de la intromisión (aquí, aquí y aquí por no seguir). Con ello se le niega su pertenencia a la ciudadanía, al corpus social. Pertenece a un extraño nimbo sociológico, a medio camino entre este mundo y el otro, desde donde puede contribuir a labores sociales y educativas, pero no expresar públicamente sus preferencias ideológicas.

En buena medida, no vivimos en un país laico porque hay quienes se empeñan en dictar un juicio condenatorio universal contra la religión, en postular como axioma que su naturaleza es esencialmente perversa (como ven, se trata de la versión anticlerical del dogma del pecado original), y deducir de ahí todo un proyecto vital apostólico encaminado a la destrucción de dicha perversión (¿les suena todo esto?). Bajo el peso de tantos dogmas y en medio de esta carencia de lo que hoy llaman "cultura democrática", resulta difícil que este país pueda llegar pronto a aquello que el propio Savater afirmaba en la segunda de sus tesis sobre el laicismo: "En la sociedad laica tienen acogida las creencias religiosas en cuanto derecho de quienes las asumen, pero no como deber que pueda imponerse a nadie. De modo que es necesaria una disposición secularizada y tolerante de la religión, incompatible con la visión integrista que tiende a convertir los dogmas propios en obligaciones sociales para otros o para todos. Lo mismo resulta válido para las demás formas de cultura comunitaria, aunque no sean estrictamente religiosas".